Los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que se consideran indispensables para el desarrollo integral de los individuos. La concepción actual sobre ellos presupone que las personas los poseen por el simple hecho de ser seres humanos y presuponen también que las sociedades jurídicamente organizadas deben velar por ellos, en el entendido de que todos estamos obligados a respetarlos.
Puede decirse que esta concepción de derechos humanos es relativamente reciente en la historia de la humanidad.
La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1789 en Francia es su primera manifestación. Pero no es sino hasta después de la II Guerra Mundial, cuando se suscitaron numerosas persecuciones humanas ordinarias (pertenencia étnica, credo religioso, preferencia política, etc.)Que se fueron formulando, dentro del Derecho Internacional, los documentos que permitieron identificarlos, enumerarlos e impulsar su respeto.
En diciembre de 1848 se aprobó por unanimidad en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un documento conocido como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se proclamaron diversos derechos cuyo respeto procuraba el orden público y el bienestar general. Los derechos aludidos son los siguientes:
1. La vida.
2. La libertad
3. La seguridad personal.
4. No ser víctima de detenciones arbitrarias.
5. Tener un proceso judicial justo.
6. La presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
7. La no invasión de la vida privada.
8. La libertad de movimiento y residencia.
9. Asilo político.
10. Tener nacionalidad.
11. Tener propiedades.
12. La libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión.
13. Asociarse formar una asamblea pacífica y a la participación en el gobierno.
14. La seguridad social, al trabajo, al descanso a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar.
15. La educación y la participación en la vida social de su comunidad.
En reuniones internacionales sucesivas y a través de diferentes pactos, estos derechos se fueron afinando y ratificando. También fueron el punto de partida para nuevas declaraciones más específicas como la Declaración de los Derechos del Niño (1959), la convención sobre los derechos políticos de las mujer (1959), el pacto de derechos económicos, sociales y culturales y el pacto de derechos civiles y políticos (1966) etc. Pero lo importante fue que los Estados nacionales (Los gobiernos de cada país) que los aceptaron y se comprometieron a promoverlos y hacerlos cumplir dentro de su país.
La promoción de los derechos humanos en México permitió que muchas de las personas que padecían de diversos atropellos encontraran un sustento legal para defenderse. Asimismo permitió a activistas y luchadores sociales recurrir a ellos en la defensa de los intereses de sus comunidades. Esto último abrió nuevos frentes que quedaban fuera de los partidos políticos o los sindicatos. Adicionalmente la firma de nuevas declaratorias humanitarias e incluso de tratados comerciales con potencias extranjeras de alguna forma obligó al Gobierno mexicano a tomar más en serio la promoción y el respeto a los derechos humanos aunque, todavía falta mucho por hacer.
Tras décadas de un régimen político dominado por un partido de Gobierno, el Estado Mexicano había desarrollado actitudes y mecanismos autoritarios. Aunque hubiese suscrito acuerdos internacionales donde se obligaba a respetar los derechos humanos, la condición social de muchos mexicanos no correspondía con dichos compromisos. El caso típico es este sentido es, sin duda, el de la población indígena: una población constantemente sujeta hasta el día de hoy a diversas formas de opresión, explotación, despojo de tierras, discriminación etc.
Aparte de los derechos plasmados en nuestra Constitución Política, México tenía una débil preocupación sobre los derechos humanos. No fue sino hasta 1989 cuando se creó, en la secretaría de gobernación, la Dirección de Derechos Humanos (DGDH), misma que un año después se transformó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, la nueva CNDH tenía el mismo problema de muchas otras instituciones mexicanas, que se supone operan de manera imparcial. Esto les resta credibilidad pública y autoridad moral, especialmente cuando los conflictos que surgen son justamente contra el Gobierno. Así, la institución en cuestión puede llegar a jugar un papel contrario al que se le encomendó. Es decir, puede ocultar los procedimientos violatorios de los derechos humanos que agentes del Gobierno pudieran estar realizando. De tal modo que los partidos de oposición presionaron al gobierno para que la CNDH fuese un organismo público autónomo, es decir, una institución financiada con el presupuesto de la nación, pero autónoma .En septiembre de 1999 se publicó la reforma constitucional que dio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plena autonomía presupuestaria y de gestión. De este modo se ha logrado un equilibrio importante, porque la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos descanso tanto en una institución gubernamental pero autónoma.
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